El acueducto La Esperanza, vital para el suministro de agua cruda a ocho cantones de Manabí, atraviesa una grave crisis debido a constantes daños en su infraestructura y al uso indebido del recurso. Como respuesta, el pasado 4 de abril, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lo declaró zona de seguridad hidráulica, con el fin de frenar las conexiones irregulares, que ya suman 1.600 en 160 de las 220 válvulas del sistema.
Durante 2025, el acueducto La Esperanza-RDP ha sufrido múltiples roturas que afectan su funcionamiento. En menos de un mes se han reportado cuatro fallas en su tubería de 94 kilómetros de longitud, la más reciente en Tosagua, a escasa distancia de otro daño registrado en el sector Botija Afuera.
En marzo, un deslizamiento de tierra en Junín provocó la suspensión del servicio para cerca de 300.000 personas. Estos eventos, provocados por suelos saturados debido a filtraciones, han significado la pérdida de 2,5 millones de metros cúbicos de agua y costos de reparación que superan los 200.000 dólares, según cifras de la Refinería del Pacífico.
Preocupación por el deterioro constante
Carlos Wong, liquidador de la empresa Refinería del Pacífico, explicó que la cantidad de roturas registradas este año ha sido sin precedentes. “En 2022 solo tuvimos una rotura, cuya reparación tomó 22 días. Ahora se está intentando acortar ese tiempo mientras se trabaja en una solución definitiva”, señaló. También advirtió sobre diez puntos críticos propensos a nuevas fallas, siendo los más graves los ubicados en Tosagua, Junín y Rocafuerte.
La declaratoria de zona de seguridad hidráulica tiene como objetivo frenar las tomas clandestinas e impulsar la regularización de los usuarios mediante sistemas de medición y control como válvulas sostenedoras y macromedidores, lo cual podría mejorar la sostenibilidad financiera del acueducto.
Otro factor que agrava la situación son las albarradas —reservorios construidos sin autorización—. Se han identificado 697 de estas estructuras, de las cuales 597 no cuentan con geomembranas para evitar filtraciones. Estas almacenan alrededor de 830.000 metros cúbicos de agua, pero generan inestabilidad en el terreno, sobre todo en Las Lomas de Junín y Tosagua, aumentando el riesgo de daños a la infraestructura, cuyo valor de construcción fue de 334 millones de dólares.
Marco legal y manejo del recurso hídrico
El artículo 55 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos establece que las obras para el transporte de agua son consideradas zonas de protección hidráulica y forman parte del dominio hídrico público. Esta designación permite facilitar su mantenimiento, conservación y defensa frente a actos que pongan en riesgo su funcionamiento.
La normativa también permite que la infraestructura hidráulica pueda tener propiedad pública, privada o comunitaria, dependiendo de su origen, aunque su uso sea de interés público. En situaciones de emergencia o estado de excepción, el Estado puede asumir su administración y uso, sin importar quién sea el propietario, para garantizar el abastecimiento de agua a la población.
Esta disposición podría beneficiar al acueducto administrado por la Refinería del Pacífico, que desde su liquidación en 2019 ha enfrentado restricciones financieras. De las seis bombas que integran el sistema, solo dos están operativas, lo que ha limitado su capacidad de transporte.
Apoyo limitado y financiamiento insuficiente
Hasta ahora, los trabajos de reparación han sido posibles gracias a la autogestión y al aporte de municipios y agricultores que están regularizados. Wong señaló que se ha solicitado apoyo adicional a Petroecuador.
Actualmente, los municipios de Manta, Montecristi y Jaramijó contribuyen con 90.000 dólares mensuales, mientras que 45 agricultores pagan tarifas establecidas. Sin embargo, estos ingresos no alcanzan los 600.000 dólares necesarios para mantener el sistema en óptimas condiciones.
Desde 2017, el acueducto ha transportado 40 millones de metros cúbicos de agua a los tres cantones mencionados. Las tarifas actuales fijan un valor de 0,32 centavos por metro cúbico para los municipios, y entre 0,32 y 0,50 dólares para los agricultores, según el volumen consumido.
