CUANDO EL CRIMEN NO TIENE FRONTERAS
Es un error seguir pensando que los criminales solo operan en las zonas más empobrecidas, y que los esfuerzos para combatir las organizaciones delictivas deben centrarse únicamente en esos sectores. El ataque dentro de una urbanización exclusiva de Samborondón, que dejó cuatro personas muertas, algunas de ellas con vínculos mafiosos, pone de nuevo en evidencia la vulnerabilidad de áreas residenciales cuando no existe un control estricto en la venta o alquiler de inmuebles. No se trata de estigmatizar ciertos sectores ni vulnerar los derechos de los ciudadanos, sino de garantizar que todas las personas puedan vivir sin temor a tener como vecinos a quienes representan un riesgo para la seguridad pública. Las urbanizaciones, sin importar su estrato social, no deben ser refugios para delincuentes. Los administradores deben ser más rigurosos en la aprobación de inquilinos y propietarios, implementando controles más estrictos, cruzando información con la Policía, la UAFE y otras entidades pertinentes, para detectar a quienes pueden representar una amenaza para la comunidad. Esta es una cuestión de seguridad colectiva. La prioridad debe ser asegurar que todos los habitantes de cualquier zona, sin importar su nivel socioeconómico, vivan en un entorno protegido, donde la vigilancia y el control sean adecuados para prevenir situaciones de riesgo.
