Desde hace 57 días, el conjuez de la CNJ, Marco Aguirre, delibera para resolver sobre pedidos de nulidad planteados por las defensas de los sospechosos de presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
El 20 de diciembre de 2024, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Aguirre, suspendió la audiencia para deliberar y dar a conocer su decisión sobre los pedidos de nulidad planteados por las defensas de los sospechosos de presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, y decidir cuántos de los nueve procesados irían a juicio.
La investigación de Fiscalía busca demostrar un supuesto mal manejo de fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016. La trama de presunta corrupción indaga a nueve personas: • E x v i c e p r e s i d e n t e Jorge Glas • Exministro de Obras Públicas, Walter Solís • Exsecretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal • Exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz • Exviceministro de Obras Públicas, Boris Córdova • Exsubsecretario zonal del Ministerio de Obras Públicas, Franklin Bernal • Exsubsecretario zonal del Ministerio de Obras Públicas, Omar Chamorro • Exdirector de Inmobiliar, Víctor Salvador J. • Exdirector de Secob, Milton Daniel M.
El 20 de diciembre de 2024, el juez de la CNJ había reinstalado la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio después de ocho diferimientos. En la diligencia, Andrés Villegas, abogado de Glas, solicitó al conjuez que su defendido sea trasladado a un hospital psiquiátrico porque, según dijo, padece de un trastorno mental, y pidió que se declare la nulidad del proceso.
Luego, el magistrado escuchó los argumentos de Glas. A través de una conexión virtual, desde la cárcel “La Roca” (Guayaquil), dijo que el Comité de la Reconstrucción no contrató ninguna obra tras el terremoto, sino que, se priorizaron algunos proyectos que tampoco eran de obligatorio cumplimiento. Según Glas, en el supuesto que se hubiese configurado un presunto peculado, los responsables serían los integrantes del ministerio de Finanzas de la época, encargado de asignar recursos.
El abogado de Walter Solís, Richard Ortiz, solicitó la nulidad alegando que la instrucción fiscal (de 90 días) del caso terminaba el 4 de abril, y su cliente fue vinculado el 20 de abril de 2024.
La defensa de Carlos Bernal, en su pedido de nulidad, expuso que la fiscalía habría vulnerado el debido proceso en la etapa de investigación previa al haber sobrepasado el plazo de dos años establecido en el COIP.
El fiscal subrogante Wilson Toainga rechazó los pedidos de nulidad, rebatió el argumento de que la investigación previa sobrepasó el tiempo legal, y dijo que el peculado es un delito imprescriptible, tanto en la ejecución de la pena como en los tiempos del proceso investigativo.
