Once de los 50 postulantes a la legislatura han tenido procesos penales. En la circunscripción 1 de Manabí, que comprende quince cantones del norte de Manabí, 50 candidatos a asambleístas correrán por nueve tiendas políticas y una alianza. La mitad de ellos han sido funcionarios públicos.
Por otro lado, una decena ha tenido procesos penales. Además, tres actuales legisladores, que llegaron a la Asamblea Nacional después de la muerte cruzada, ahora buscan la reelección. Ellos son Lenin Barreto Zambrano, por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5); Jaime Moreno Felix, por Construye (lista 25), y Jaminton Enrique Intriago Alcívar, por la alianza Unidos por el Desarrollo, que agrupa al Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Amigo y el local Cambio, lista 6-62-16.
Otros dos que dejaron la Asamblea por la muerte cruzada en mayo de 2023 también quieren regresar. Son Eitel Zambrano Ortiz por CREO (lista 21), y Guido Mendoza Andrade, por la RC. Manabí es la tercera provincia más grande del Ecuador y en ella hay 1,3 millones de electores que, el próximo 9 de febrero, decidirán la suerte de una zona signada por la violencia: enero de 2025 ha sido el mes más violento de los últimos años.
Además de los ex asambleístas que intentan regresar, entre los candidatos por la circunscripción 1 de Manabí hay tres asambleístas alternos, todos de la alianza Unidos por el Desarrollo (lista 6-62-16): Natalia Garzón León, Jorge Bravo Alcívar y Diego Sabando Párraga. Más allá de los asambleístas, sus alternos o sus exasesores, entre los candidatos para las elecciones de 2025 hay otros exfuncionarios públicos que han sido profesores universitarios y de colegio, un asistente de alcaldía, un agente tributario, una veterinaria y una tutora de asistencia domiciliaria, entre otros, según el registro de la Contraloría General del Estado.
En general, los municipios son los principales empleadores, aunque también aparecen el SRI y el Consejo Nacional Electoral. Los cinco aspirantes de la alianza Unidos por el Desarrollo han sido funcionarios públicos. Luego sigue la RC con cuatro candidatos; y CREO, SUMA (lista 23) y ADN (lista 7), con tres cada uno. De acuerdo con los registros de la Contraloría, una candidata de la RC labora para el Municipio de Quito y busca ser electa asambleísta por Manabí.
Se trata de Bertha Vélez Vélez, que desde julio de 2024 aparece como “funcionario directivo 7” del municipio capitalino. Antes trabajaba para la Prefectura de Manabí. Su última declaración es una periódica de 2024 donde consta un patrimonio de 108.045 dólares, pero no ha hecho constar la de fin de gestión. Los registros de la Contraloría reflejan muchas incongruencias. Hay funcionarios que presentan varias declaraciones para el mismo periodo con distintos valores.
Una de ellas es María Mercedes García Bravo, analista de la Prefectura, que en una declaración periódica de 2024 señala un patrimonio de 623.337 dólares y en otra, también periódica de 2024, 10.833 dólares. Los candidatos que han declarado mayor patrimonio, por encima de los 300 mil dólares, son Jaime Moreno Félix, Jaminton Intriago Alcívar y Jorge Bravo Alcívar. En cambio, el ex asambleísta Eitel Zambrano Ortiz declaró un patrimonio negativo de 4.400 dólares en 2018 cuando dejó de trabajar en el Hospital Básico de Chone. Es decir que sus deudas superan sus activos. Cuatro años y medio después, al dejar la Asamblea, declaró 138.501 dólares de patrimonio.
