Dr. Medardo Mora Solórzano
Dr. en Jurisprudencia, Rector fundador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ex-Alcalde de Manta, ex-presidente del CONUEP y luego CONESUP
El país está entretenido con la campaña electoral y le ha dado poca importancia a una acción que hay que resaltar que va en la vía de un cambio radical que el país necesita. Nos hemos acostumbrado a que las instituciones públicas y sus funcionarios a nivel nacional y seccional graven al ciudadano con nuevos impuestos para tener más recursos para ‘hacer obras’ que reivindican como suyas, enriquecerse ilícitamente y tener dinero para emplear a sus partidarios, parientes o amigos. En vez de servir a los ciudadanos, se sirven de ellos. Lo lógico es que quien ejerce una función pública realice esfuerzos para mejorar los niveles de vida del conjunto de la población, aquello exige, inversamente, evitar imponer gravámenes, pero se ha vuelto costumbre recurrente crear más tributos y el funcionario(s) autor(es) de estas medidas aparece(n) como que han logrado mejorar los ingresos fiscales o municipales, cuando lo prioritario es ser austeros en el uso de recursos públicos, controlar celosamente el gasto y realizar gestiones que favorezcan a la ciudadanía y no la perjudiquen. Está comprobado que los radares no han contribuido a mejorar el tránsito, algunos están mal calibrados, perjudicando a los usuarios. Se los coloca en lugares como verdaderas trampas para el conductor, en curvas, bajadas, lugares planos de larga visibilidad donde se acelera más; una cacería para cobrar multas elevadas. Los radares han sido en definitiva negocios de los que han lucrado autoridades de Tránsito, alcaldes y concejales de los diferentes municipios (ojalá algunas municipalidades no se encuentren en esta reprochable actitud). Lamentablemente es tal la descomposición del país que la otra opción del control presencial por agentes de tránsito tampoco es confiable; lejos de cuidar que se respeten regulaciones se ubican en sitios estratégicos para presionar por el pago de coimas. Debe reconocerse la labor del actual ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, en su propósito de depurar el uso de radares, lo que debe complementarse con una reforma legal que modere las multas que son muy onerosas para la economía de los ecuatorianos.
