UN DEBER INELUDIBLE DE LA CORTE NACIONAL
La grave acusación de visitarla para intentar interferir en un caso concreto, hecha por una jueza contra el presidente del Consejo de la Judicatura, debiera ser suficiente para que este renuncie. Sin embargo, pareciera que lo dicho por la jueza, que fue incluso reafirmado por ella en la Asamblea, no ha resultado suficiente para que el aludido pierda un ápice de impasibilidad. En cualquier Estado con robusta institucionalidad, la mínima duda sobre la transparencia en la labor de un funcionario es motivo para que este, sin titubeos, dé un paso al costado y deje que la institución siga su curso sin manchas. Pero no en el Ecuador actual, en el que la vanidad imperturbable de sus funcionarios se impone al interés general. En esas circunstancias, coincidiendo el momento con la obligación legal que tiene hoy la Corte Nacional de Justicia, de presentar una terna de la que saldrá el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, resulta impensable que en ese listado sea incluido quien luce claramente manchado. Los más altos jueces tienen un ineludible deber frente a la República, pues ya es hora de que el Consejo de la Judicatura pase a estar dirigido por personas sin mácula, e independientes de cualquier poder, ya político, ya económico. Esa es la probidad notoria que exige la ley.
