EL GASTO ESTATAL NECESITA UN LÍMITE

Uno de los síntomas de la parálisis económica que atraviesa el país es el gran peso económico del Estado tal y como lo conocemos. La cantidad de deuda adquirida, que ya rebasa los $83.000 millones, el 68% del PIB, es lo que tiene a Ecuador en un círculo en el que repetidamente paga deudas viejas. Algo que en cualquier familia del mundo sería insostenible, ningún banco lo aprobaría. Pero los políticos no hacen cambios para mejorar el uso del dinero de los contribuyentes, que se esfuerzan mes a mes para no tener líos con el SRI o los gobiernos locales. El Gobierno ha recibido $9.200 millones de ingresos adicionales y créditos. Pero esa enorme cantidad ha sido direccionada a pagar vencimientos de la deuda pública y a pagar atrasos con proveedores, gobiernos locales y el IESS. También para cubrir el aumento del gasto público. Sin embargo, hay deudas que se han vuelto a acumular, casi en la misma cantidad. Mucho se ha dicho sobre las consecuencias de endeudarnos a costa de generaciones futuras. Hay gastos estatales que el Gobierno debe eliminar. Por ejemplo, la costosa administración de bienes que quedan en la extinta Inmobiliar, el costo de aplanar enormes terrenos o innecesarias compras públicas. Un control adecuado del dispendio podría ahorrar al país hasta $5.000 millones por año -es decir, la totalidad del déficit fiscal de 2024-. Parte del problema es la misma estructura del Estado. Por eso, hasta que no exista la voluntad de manejar el dinero público como si fuera el propio y ejecutar una reforma agresiva y estructural al tejido estatal, seguiremos con políticos que creen que los países no quiebran, pase lo que pase. Incluso, endeudándose ad infinitum.