TARDA EL ALIVIO FINANCIERO

Hace unas semanas, tuvimos la oportunidad de comentar sobre la necesidad urgente de que diversas entidades del Estado propongan alternativas para palear, no solo la crisis energética, sino también las consecuencias de esta, que se suman a la crisis de inseguridad. Se trataba de una serie de medidas destinadas a proporcionar liquidez a los ciudadanos para superar estos meses tan difíciles que estamos atravesando debido a la falta de electricidad. Con cortes de 12 a 14 horas diarias por más de 40 días consecutivos; las repercusiones económicas son evidentes en todos los estratos sociales y empresariales. El 7 de noviembre, el Presidente de la República envió un Proyecto de Ley Económica Urgente a la Asamblea Nacional. Esta Ley Orgánica busca, entre otras cosas, aliviar financieramente a las personas y empresas afectadas por esta crisis y al mismo tiempo propone medidas para impulsar el desarrollo. Para que entre en vigor, debe ser aprobada, lo cual tomará varias semanas. Su tratamiento global debe concluir en un plazo de 30 días, por lo que, probablemente, para mediados de diciembre veremos la implementación de estas medidas. Entre las propuestas destacan el seguro de desempleo, la condonación de deudas pequeñas relacionadas con el Servicio de Rentas Internas y otras medidas similares. Adicionalmente, el Presidente de la República anunció hace unos días que se solicitaría a las entidades financieras, incluidas aquellas que manejan tarjetas de crédito, las cooperativas de la economía popular y solidaria, y el IESS, que propongan alternativas para aliviar las deudas vencidas de sus clientes. En respuesta, la Junta de Política y Regulación Financiera emitió normativas que permiten a estas entidades ofrecer soluciones a sus clientes. Sin embargo, tras revisar el sistema financiero, se ha evidenciado que mientras algunas instituciones implementaron estas medidas de inmediato, otras alegan no haber recibido ningún tipo de instrucción interna, a pesar de que han transcurrido más de dos semanas desde la promulgación de la regulación. Lo que llega tarde, simplemente no sirve. En contextos de escasa liquidez, la demora genera un doble perjuicio, pues crea expectativas que luego no se cumplen. Por esta razón, cualquier medida tomada desde el sector público debe ser clara, precisa, oportuna y orientada a cumplir con los resultados esperados. En cuanto al tema de las planillas eléctricas, se había anunciado que determinados consumos no serían cobrados como consecuencia de esta crisis. Sin embargo, muchos ecuatorianos están recibiendo planillas con consumos similares, o incluso superiores, a los registrados antes de los cortes eléctricos. Esto evidencia una falta de control adecuado en la medición de estos servicios. La incertidumbre, la falta de previsión y la ausencia de claridad y transparencia son temas que preocupan profundamente a los ecuatorianos. Esperemos que, a través de vocerías adecuadas en el sector público y de políticas oportunas por parte de los responsables, estos problemas se resuelvan. Asimismo, confiamos en que la Asamblea Nacional apruebe lo antes posible esta Ley Económica Urgente, para aliviar la economía de los ecuatorianos en este momento crítico.