Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali
Ex Ministro de Comercio Exterior, Doctor en Jurisprudencia, Director de Global Trade Consulting. Presidente del Comité de Comercio de Inversiones amcham GYE
Twitter: @JCCassinelli juancarlos@cassinelliabogados.com
Esta semana conocimos que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley Económica Urgente relacionado con aumentar la capacidad de oferta de electricidad. Alguien me decía en mi época de asambleísta: “Preocúpate cuando un proyecto de ley se aprueba por unanimidad”. En su momento no lo comprendía, pero con el tiempo deduje que la unanimidad puede ser una señal de que no se han aportado suficientes elementos para fortalecer un proyecto de ley. Esperemos que este no sea el caso. Esta ley promueve la inversión privada en el sector energético y es la segunda de su tipo aprobada en la Asamblea Nacional. Confiamos en que sea efectiva, aunque su verdadero impacto se verá cuando entre plenamente en vigencia y empiece a mostrar resultados, lo cual probablemente tomará tiempo. Esto ocurre en un contexto en el que necesitamos soluciones urgentes, considero que es necesario y urgente tomar medidas adicionales, que no necesariamente pasen por la Asamblea Nacional, pero que ayuden a mitigar otros problemas derivados de la situación actual, como el desempleo, la seguridad social, el teletrabajo, entre otros. En este sentido, sugiero que las autoridades que tienen la competencia tomen medidas para aliviar la crisis. Por ejemplo, durante la época de la pandemia de COVID-19, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitió una resolución que suspendió los procesos administrativos en curso y evitó el inicio de nuevos procesos, para aliviar el estrés de empresas, empresarios y contribuyentes que enfrentaban dificultades económicas debido a la baja en producción. Asimismo, la Junta de Política de Regulación Financiera y Monetaria emitió una Resolución sobre el tratamiento de créditos vencidos. Hoy vemos que Asobanca ha emitido un comunicado, pero aún falta el respaldo de la Junta para implementar y hacer obligatoria una medida similar, lo cual ayudaría a los deudores que enfrentan dificultades. Desde el Ministerio de Trabajo, en su momento también se emitieron medidas para flexibilizar las jornadas laborales, regular el teletrabajo, e incluso permitir la reducción temporal de salarios, mientras las empresas resolvían sus problemas de liquidez. Estas medidas podrían coordinarse en un conversatorio donde cada institución asuma la responsabilidad de tomar las decisiones que le corresponden. La Asamblea ya ha legislado, pero necesitamos soluciones inmediatas para los próximos 15 o 20 días, de modo que las consecuencias económicas y sociales de esta situación energética no sean tan graves, y así, hasta que superemos este problema, logremos proteger uno de los factores más sensibles de la crisis: la estabilidad laboral. Es momento de unir esfuerzos para sacar al país del difícil momento que vivimos, sin cálculos políticos ni ideologías.