El acceso a la información que deben publicar las instituciones es cada vez más complicado. Un ejemplo es el contenido de las declaraciones juramentadas de patrimonio que deben presentar todos los funcionarios públicos al inicio y el fin de sus funciones El jueves la Contraloría restringe el acceso a una parte de los datos.
Ahora solo se puede acceder a la información general del funcionario y las cantidades globales de sus activos y pasivos, pero ya no a los detalles de bienes muebles e inmuebles y deudas adquiridas, datos a los que se podía acceder hasta el martes.
Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dio más detalles: “Un individuo podría declarar que tiene un carro del año 2023 avaluado en USD 10 mil, pero no sabemos si es un carro de una marca barata o de una marca lujosa, y esa información es importante para poder identificar posibles casos de corrupción”.
El cambio se produjo por la aplicación del nuevo instructivo de administración de las declaraciones patrimoniales que expidió el contralor, Mauricio Torres, el 16 de junio. “Son funcionarios que declaran por ejemplo departamentos o casas evaluados en USD 60, en USD 140, autos en USD 45, entonces aquí hay una de dos posibilidades, el funcionario declaró mal o la Contraloría ni siquiera está controlando la información consignada en las declaraciones juramentadas”.
Este es el segundo cambio que implementó la actual administración de la Contraloría a la publicación de datos de las declaraciones patrimoniales y se une a los que han implementado las demás instituciones públicas en sus páginas de transparencia.
En ellas consta la información establecida en la ley, sin embargo, los pasos para el acceso son mucho más complejos de lo que eran. Ahora se despliegan en tablas de hojas de cálculo o direccionan a otras páginas de internet en las que se debe descargar la información requerida que antes estaban claramente expuestos en las páginas de transparencia.
“No vemos que este gobierno tenga una apuesta clara por la transparencia; lamentablemente eso hace que nuevamente se genere esta opacidad, eso sospecha porque a la larga se está abriendo una puerta a la corrupción”.
Organizaciones como la Fundación Ciudadanía y desarrollo no descartan exigir la inconstitucionalidad de normas que restrinjan el acceso a la información.
