De una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que fue dictada en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se desprende una nueva regla para la campaña previa a los comicios de 2025.
Con ella se busca evitar que autoridades en funciones aprovechen la exposición que les da su cargo para inducir al voto a los ciudadanos. Fue lo que ocurrió con Muñoz, a quien el TCE sancionó fijándole una multa de USD 9 mil por promocionar la candidatura a la Presidencia de Luisa González, en 2023 por la Revolución Ciudadana, una infracción electoral grave.
La defensa del alcalde de Quito argumentó que, cumplida su jornada laboral, “él tenía total libertad para hacer lo que quiera, y eso incluye respaldar a su coidearia subiendo videos a redes sociales”. Aunque también apareció junto a ella en actos proselitistas que se hicieron en horas de la noche.
Por ello, el ente le aclaró que incluso una vez cumplido el horario laboral, una autoridad no se despoja de la dignidad que le otorga el cargo. Y esa condición de autoridad, y la capacidad de difusión de un discurso y la cobertura mediática que tiene, en razón de su cargo, hace que genere desequilibrios y violaciones significativas al derecho de las demás opciones electorales a participar en condiciones de igualdad y equidad, dice la sentencia.
Lo precisado por el organismo incide directamente en prefectos, alcaldes y concejales en funciones, y también en quienes actualmente están en la función pública y aspiran a la reelección, como es el caso del presidente Daniel Noboa.
Para ser candidato el 6 de febrero de 2025, Noboa deberá tomar licencia sin sueldo a partir del 5 de enero, cuando inicie formalmente la campaña electoral; pero antes de eso, desde la inscripción de su candidatura hasta que arranque la campaña, será candidato-presidente y no podrá despojarse de su investidura en ningún momento para hacer proselitismo.
