FALTA DE REACCIÓN ANTE LA CORRUPCIÓN
La vinculación de empresas públicas de universidades a actos de corrupción demuestra el deterioro de los valores éticos con que operan algunas instituciones del país, pero también deja en evidencia la indiferencia y apatía con la que actúan ciertas autoridades. Es inconcebible que en un caso como este representantes de las entidades académicas involucradas o el mismo Ministerio de Salud Pública guarden silencio y que, hasta ahora, no hayan difundido su postura sobre el tema y sobre lo que se está haciendo para enmendarlo. El negociado de medicamentos con sobreprecio a través de universidades, que afecta a hospitales del IESS y del Ministerio de Salud, plantea a gritos la necesidad de una reforma a la capacidad operativa que tienen las instituciones superiores. Si bien la ley otorga a la academia la posibilidad de generar proyectos de empresas como una oportunidad para que sus alumnos pongan en práctica lo aprendido y como fuente de ingresos, su fin no debe desnaturalizarse o salirse del objeto para el cual fue creado. Es necesario que se apliquen filtros a la firma de contratos con el Estado, sobre todo en tareas que les son ajenas. Las universidades pueden asesorar o administrar proyectos de producción o inversión que aporten al desarrollo del país, pero su razón de ser fundamental es formar, capacitar e investigar y en ello deben enfocarse.
