Este jueves, el tribunal de apelaciones de Nueva York negó el recurso presentado por Donald Trump para anular una orden que restringe sus declaraciones públicas sobre su caso penal.
La orden, emitida por el juez Juan Manuel Merchan, prohíbe al expresidente realizar comentarios sobre los jurados, testigos, personal judicial y fiscales involucrados en el caso, a excepción del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
La corte consideró que los argumentos de Trump eran “inútiles” para revertir la medida, manteniendo así las restricciones en vigor. Desde la emisión de la orden en marzo, Trump enfrentó múltiples sanciones por violar esta restricción.
El juez Merchán declaró al expresidente en desacato en diez ocasiones, imponiéndose multas y advirtiéndole sobre la posibilidad de encarcelamiento en caso de reincidencia. En junio, el juez relajó parcialmente la orden respecto a los jurados y testigos, pero mantuvo intactas las restricciones relacionadas con el personal judicial, los fiscales y sus familias.
El caso penal contra Trump, que lo convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser hallado culpable en un juicio criminal, se centra en 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Estos cargos están vinculados al pago de una actriz porno para proteger su campaña presidencial en 2016.
La sentencia de Trump, originalmente prevista para julio, fue pospuesta hasta el 18 de septiembre para evaluar si un reciente fallo del Tribunal Supremo podría influir en la condena. En el ámbito político, la vicepresidenta Kamala Harris capitaliza el caso penal como una herramienta de campaña, destacando su experiencia como ex fiscal y posicionándose en contraste con Trump, al que presenta como un “delincuente convicto”.
Esta estrategia añade un componente adicional al ya complejo escenario judicial y electoral en el que se encuentra el expresidente. El rechazo de la apelación por parte del tribunal de apelaciones destaca la persistencia de las restricciones impuestas y su impacto en el desarrollo del caso penal.
