Transcurre julio de 2024 y las condiciones económicas del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, en Manabí, no parecen mejorar. Esto se ve reflejado en las “deficiencias” de una terminal que apenas lleva operando desde finales de 2022.
En la actualidad, el Gobierno anunció que trabajan en un perfil del proyecto para la gestión y mantenimiento de la terminal. Es decir, se maneja la opción de lanzarlo a concurso bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), pues las negociaciones para concesionar a un operador privado no han resultado. Pero mientras se cumplen estos procesos, existe el riesgo de que la obra se siga deteriorando debido a las falencias en el mantenimiento, porque, según Jimmy Villavicencio, presidente del Comité Técnico Ciudadano para el Desarrollo del aeropuerto, los ingresos que recibe la terminal actualmente llegaron a los USD 5.000 mensuales.
Sin embargo, para un mantenimiento -solo de la edificación, sin contar los equipos- se requiere entre USD 20.000 y USD 25.000 mensuales. Al igual que otros proyectos para Manabí, hay puntos medios que no han permitido el desarrollo de los mismos: Poca voluntad política, retrasos, pugnas y señalamientos de presuntas irregularidades.
De hecho, las instalaciones aún no han sido recibidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para que posteriormente haga la oficialización de la entrega a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Esto no se ha solucionado desde diciembre de 2022, cuando el aeropuerto fue entregado bajo condición “provisional”, porque la obra está vinculada a otros proyectos de reconstrucción.
Sobre este tema, Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, informó que ya están por realizar el “acta de recepción definitiva”. Otro de los pendientes es la segunda planta de la infraestructura aeroportuaria, que sigue sin ser utilizada y aún no han decidido a qué la van a destinar.
Luque explicó que “hay dos temas en paralelo: Primero, un convenio con el Municipio y la Dirección General de Aviación Civil para que, en conjunto, puedan ir administrando el aeropuerto”. El objetivo es mantener en buen estado la infraestructura, hasta que se la entregue a una iniciativa privada. Es decir, hasta que concreten una solución a “mediano y largo plazo, que es una alianza público-privada”, informó el funcionario.
Luque reveló que ya se ha enviado el perfil del proyecto desde la DGAC hacia la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y que “el ciclo de APP toma su tiempo, porque ya existe un marco regulatorio a nivel de normativa principal”. Las Asociaciones Público Privadas están dentro de la reforma tributaria, que entró en vigencia en diciembre de 2023, en el proyecto denominado Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
Se refiere a la empresa pública Korean Airport Corporation (KAC), la única que hizo una propuesta formal y ofrecía USD 253 millones en infraestructura, operación y mantenimiento por 30 años. Además, Luque estimó que tener un delegado privado en el aeropuerto se podría tardar hasta “dos años”.
Agregó que, pretenden realizar una licitación abierta internacional, a la que han invitado al Municipio de Manta para que sea “veedor y participante”. PRIMICIAS consultó a la Secretaría de Inversiones Público- Privadas sobre este proyecto y respondieron que están trabajando en “conjunto con las instituciones” para armar el perfil y ponerlo a consideración del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas en los próximos meses.
De superar aquello, es decir, si es aprobado por el Comité, recién la Secretaría iniciará los procesos de estructuración. De allí hay otras etapas que superar, como un análisis financiero, que evidencie que el proyecto es atractivo y que garantice que se va a recuperar la inversión.
