EL PODER CIUDADANO

Las bandas y las tribus criminales están utilizando los recursos destinados a la salud pública para sus fines ilícitos, por lo que los directivos de las casas de salud del Seguro Social y del Ministerio de Salud tienen que trasladarse acompañados de personal de seguridad incluso dentro de esas instalaciones. No solo utilizan los medicamentos y las ambulancias para atender a sus heridos en actividades delictivas, sino que su presencia pone en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales de la salud, y socava la confianza en el sistema sanitario. El Gobierno, los directivos y los cuerpos de seguridad no pueden permitir que los hospitales estén controlados por intereses oscuros. Su recuperación debe ser prioridad nacional y para ello se requiere la intervención decidida de los grupos de inteligencia militar y policial, que tienen capacidad para identificar y neutralizar a los elementos infiltrados. La implementación de medidas de control y vigilancia es fundamental. Es imperativo que se restablezca la seguridad en estos espacios esenciales para la vida y el bienestar de la población. Pero la presencia de fuerzas de seguridad en los hospitales no debe verse como una normalidad, sino como un reflejo de la situación extrema a la que hemos llegado. No se trata solo de proteger edificios y equipos, sino de garantizar que la misión principal de estos centros, que es atender la salud de las personas, pueda cumplirse sin interferencias ni amenazas.