EL CPCCS Y EL PRÓXIMO FISCAL GENERAL
La polémica manera en que se llevó a cabo la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura —por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social— ha desencadenado una serie de recriminaciones y ‘lavados de manos’. Algunos expertos destacan la responsabilidad primera del presidente de la Corte Nacional, José Suing, al enviar una terna tan controversial. Algunos consejeros, como Juan Esteban Guarderas, alegan haber sido víctimas de errores de cálculo y maniobras de último momento, mientras otros, como Mishell Calvache, aseguran que hubo amenazas. Sin embargo, no tiene sentido buscar chivos expiatorios ni, peor aun, sugerir que se trata de un caso fortuito; el problema estriba en la esencia misma de este organismo, mal llamado de ‘control social’ pues es, en realidad, la herramienta misma de control político de otras funciones del Estado. Este patético pero trillado incidente ha avivado justificados temores y potentes denuncias alrededor del proceso de selección del próximo Fiscal General. El próximo año será la primera vez en que dicha designación se llevará a cabo sin la imposición flagrante de una fuerza política —como fue en 2007, 2011 y 2017— o sin la tutela de un organismo provisional que garantice la transparencia —como en 2019—. Ante ello, preocupa que el comportamiento errático, susceptible a presiones y, sobre todo, escandalosamente partidista de los consejeros desemboque en un proceso desprestigiado. Quizá lo que corresponde es reconocer que este experimento político resultó contraproducente para el intento por mantener la independencia de la Justicia y los organismos de Control. No hay nada —en transparencia, competencia o legitimidad de los designados— que el país haya ganado con su existencia. La clase política no debería dejarse cegar por las esporádicas ventajas que saca de él, porque lo que juega a favor, suele en poco tiempo también, jugar en contra.
