El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestó este 1 de julio de 2024 su disconformidad ante las recientes regulaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la autorretención del Impuesto a la Renta aplicable a las sociedades categorizadas como “Grandes Contribuyentes”.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestó este 1 de julio de 2024 su disconformidad ante las recientes regulaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la autorretención del Impuesto a la Renta aplicable a las sociedades categorizadas como “Grandes Contribuyentes”. En un comunicado, el CEE expresó su desconcierto, malestar y preocupación por la emisión de la Resolución Nro. NACDGERCGC24 – 00000024, que determina los porcentajes de autorretención que deben aplicar estas sociedades sobre los ingresos gravados obtenidos a partir de junio de 2024.
El comité destacó que la implementación de la autorretención del impuesto a la renta, a través de la Ley Orgánica de Urgencia Económica y Generación de Empleo, ya supone un gran sacrificio para el flujo y las operaciones económicas del sector empresarial. Además, enfatizó que dicha medida debe seguir parámetros técnicos y no discrecionales para evitar impactos negativos sobre la liquidez de las empresas, que ya enfrentan una reducción en ventas y mayores contribuciones impositivas.
El gremio empresarial pidió a las autoridades económicas una clarificación de la metodología y los fundamentos técnicos utilizados para determinar los porcentajes de autorretención del Impuesto a la Renta. Señaló que no se utilizó la información del ejercicio fiscal 2023, incumpliendo así con el compromiso del sector público de evitar retenciones excesivas que superen la capacidad contributiva de las sociedades y que no reflejen la realidad de sus actividades y operaciones económicas.
Aunque los empresarios, aseguran entender la necesidad del Estado de generar liquidez para afrontar el gasto público, expresaron que no pueden respaldar medidas que aparentemente no están sustentadas técnicamente y que atentan contra la competitividad, estabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas del sector privado, responsable de generar miles de empleos.
