La declaratoria de conflicto armado interno obligó a las Fuerzas Armadas a suspender las solicitudes de baja para mantener el número de personal en servicio activo y sostener las operaciones contra el terrorismo. Desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las organizaciones criminales, ningún militar en servicio, con 20 o más años de servicio, puede salir de la institución.
La disposición, según el mando militar, se ampara en el artículo 120 de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, vigente desde enero de 2023. En él se señala que se negará la solicitud de baja voluntaria en casos de agresión, conflcito armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Después del 9 de enero, ocurrió un fenómeno inusitado, según fuentes militares.
En cinco meses, se presentaron aproximadamente 6 000 solicitudes de baja voluntaria. Esto representa un incremento del 410 % si se compara con el número de bajas en 2023, cuando salieron 730 del Ejército, 261 de la Armada y 187 de la Fuerza Aérea, sumando en total 1 178 militares. La salida masiva de militares activos también afecta la sostenibilidad de la seguridad social, que tiene un déficit de USD 2 500 millones, según las autoridades del ISSFA.
