El proceso legal contra la vicepresidente Verónica Abad debe cumplir procedimientos. Con el pedido de la Fiscal para que se fije fecha y hora para su vinculación, la Corte Nacional de Justicia sorteará el caso a un juez.
Quien resulte designado, antes de fijar la fecha para la audiencia, solicitará a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal de la Segunda Mandataria. No hay plazo para que el magistrado remita el pedido al Parlamento, pero cuando llegue el pleno tendrá que alcanzar 92 votos para la aprobación, si no lo logra se entenderá como negado. Si la Asamblea Nacional otorga la autorización de enjuiciamiento penal, el juez podrá convocar a la audiencia de vinculación de Abad.
En la diligencia, la Fiscalía sustentará los cargos y pedirá medidas cautelares para garantizar la comparecencia de Abad a un eventual juicio. Entre otras, puede solicitar presentación periódica ante una autoridad o prisión preventiva. Estaba previsto que la instrucción fiscal o etapa de investigación penal terminara el 19 de junio, pero con la vinculación se extenderá 30 días. Después la Fiscalía emitirá su dictamen, que puede ser acusatorio o absolutorio. Si es acusatorio, la fiscal Diana Salazar solicitará que se llame a juicio a la Segunda Mandataria. Por ahora, el futuro de Abad está en manos del Parlamento y de la Fiscal General.
