OTRA LEY HECHA A ESPALDAS DE LA CIUDADANÍA

En ningún momento los miembros de la Asamblea Nacional deberían perder de vista que son representantes de la ciudadanía, no delegados absolutos exentos de responder a sus mandantes. Aunque sea cómodo gestionar y aprobar leyes a espaldas de la gente, poniéndose de acuerdo apenas entre unas decenas de legisladores, lo correcto es consultar e involucrar a todos los involucrados. Ya en varias ocasiones la mala costumbre de aprobar leyes e iniciativas sin tener en cuenta lo que sucede fuera de la Asamblea le pasó una alta factura al país. El demagógico aumento de sueldos a los maestros —que desbarató las finanzas públicas—, la amnistía para los procesados por delitos durante el caos de octubre de 2019 —que allanó el camino para lo sucedido en junio de 2022— o la asignación automática de recursos a los gobiernos locales —que pone contra las cuerdas al presupuesto del Estado— son algunos ejemplos recientes. A ellos se suma ahora la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, más bien conocida como ‘Ley de Acoso Laboral’, la cual en su momento fue aprobada, insólitamente, por unanimidad. Tanto representantes de los gremios empresariales como del Gobierno acaban de denunciar que se los marginó de las discusiones previas. Resulta oportuno preguntarse con qué sectores se dialogó con miras a semejante iniciativa y cómo afecta eso a la legitimidad de la reforma. Leyes de ese tipo —muchas veces innecesarias o divorciadas de la realidad— nacen como letra muerta debido al ensimismamiento parlamentario. No deja de ser tiempo y recursos perdidos.