El Gobierno ha dicho que varias empresas publicas son los caliches por donde fugan los recursos del país y es lo que quiere cortar a los Comités de Empresa que, en anteriores gobiernos, lograron pasar millonarios contratos colectivos de alto costo para el país.
Todo contrato colectivo ilegal será dado de baja y se buscará anularlos, dijo la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien prepara un acuerdo ministerial para acabar con la ilegalidad.
“Es un atentado a los bienes del Estado, lo cual me preocupa. No quiero pensar que los sindicatos y sus dirigentes hayan tenido como finalidad el quiebre de las empresas públicas”. Por eso, los contratos colectivos como el de CNT, Petroecuador, CNEL y CELEC están en la mira. En CNT, por ejemplo, el antiguo contrato colectivo beneficiaba a los trabajadores amparados bajo el Código del Trabajo.
Eran tan solo 1 677 beneficiarios y, pese a las pérdidas que registra la empresa de telecomunicaciones, sus trabajadores y autoridades a través de una sentencia, en la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Manabí, lograron que en este contrato colectivo, firmado en julio de 2022, se integre a 3 973 funcionarios contratados bajo la Ley Orgánica de las Empresas Públicas (LOEP).
Hay otra irregularidad, el gerente de CNT, el secretario general del comité de empresa y los beneficiarios que firman, no cumplieron con el requisito fundamental de contar con la certificación del Ministerio de Economía para sustentar la viabilidad del costo del contrato que como está asciende a 8,2 millones de dólares, es decir, 6 millones más que el anterior contrato en una empresa con pérdidas.
El contrato colectivo de CNT les ofrece cuatro años de estabilidad laboral a los 5 650 beneficiarios y, si se despide a alguien antes de ese tiempo, se le deberá pagar de forma inmediata hasta 48 remuneraciones que esté percibiendo al momento del despido y la indemnización contemplara el monto de los últimos cuatro años fijos.
