La reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se debate en la Asamblea, contiene un artículo que, según la Fiscalía, se entromete en sus funciones. Por un lado, obligándola a cumplir a rajatabla los plazos que debe durar una investigación previa y, por otro, compartiendo la potestad que tiene para solicitar el cierre de un caso con el propio investigado.
En el primer caso, la reforma se plantea en estos términos: “Transcurridos los plazos señalados, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de diez días, de manera obligatoria, solicitará el archivo del caso con el que se cerrará la investigación”.
