Pero esos grupos también cometen extorsión, sicariato y otros delitos asociados al rebrote de violencia. Tras la declaratoria de conflicto armado interno, Fernando Adatty, comandante General de la Fuerza Terrestre, dijo que Manabí es considerada entre las zonas más críticas, junto a Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Eso ha impactado directamente en el turismo.
“El golpe de la inseguridad es terrible. Estamos tremendamente peor que en la pandemia”, se lamenta María Eugenia Murillo, presidenta de la Asociación de Hoteleros de Portoviejo. “Antes del estado de excepción, muchos ya habían cerrado sus negocios, por las extorsiones”, cuenta James Morales, quien ofrece el servicio de delivery en Pedernales.
La violencia en este cantón, con una tasa de 107,16 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ha hecho que los visitantes no lleguen. La sensación de inseguridad se extiende incluso a sitios más calmados. Un ejemplo de eso es Puerto López, donde la afluencia de turistas también ha bajado, “a pesar de que no hay ninguna incidencia que pueda poner en riesgo la seguridad”, dice Ángel Pincay, miembro de la Dirección de Turismo de Puerto López. Pincay insiste en que “no hay que creer en los mensajes falsos que hablan de cobros de extorsiones por el uso de la playa”.
Roberto Rivera, jefe de la Policía del distrito Jipijapa donde está Puerto López, dice que no hay reportes ni denuncias al respecto. En Manabí existen 432 hoteles registrados en el catastro del Ministerio de Turismo. Esto último, significa que en la provincia hay al menos 15.000 plazas de alojamiento. Por ahora, desde la mayoría de estos cantones se trabaja en la promoción del feriado de carnaval para atraer a turistas, manteniendo eventos en coordinación con la fuerza pública en horarios que respeten el toque de queda.
En las playas de Manabí, ejes viales, comercios, hospitales y zonas consideradas como conflictivas, están dispuestos alrededor de 600 militares y 2.900 policías, según los registros oficiales de la Policía Nacional. El sector turístico de Manta y Portoviejo hizo tres propuestas al Gobierno para reactivarse en medio del conflicto armado interno declarado el 9 de enero del 2024 y revertir las pérdidas que, solo en Manta, se proyectan en USD 30 millones durante los dos meses que durará el estado de excepción.
El primer pedido es elaborar un plan de reactivación turística entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional; revisar la situación crediticia que arrastran los sectores productivos desde el terremoto del 2016 y la pandemia de covid-19; y, flexibilizar el estado de excepción y el toque de queda. Marcos Sánchez, secretario de la Asociación de Hoteleros de Portoviejo, habla de pérdidas que ya se cuantifican desde la declaratoria del estado de excepción. “Por ejemplo, un hotel pequeño, estaría perdiendo entre USD 2.000 y USD 3.000”. Además, no fluyen los recursos para el pago de las facturas de impuestos, energía eléctrica y sueldos al personal.
