Con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de acoso y violencia en el trabajo, tanto en el sector público y privado, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, que reforma el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público.
El legislador ponente y presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo, Jhonny Terán, señaló que la violencia y el acoso laboral deben ser erradicados porque violan los derechos humanos. “Afectan la salud y bienestar de los trabajadores, disminuyen la productividad y el rendimiento, crean ambiente laboral tóxico, y afectan la responsabilidad social de las empresas”.
La iniciativa define a la violencia y acoso laboral como todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas, que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual o económico en contra de un trabajador, incluyéndose la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias.
En los casos de violencia y acoso laboral, plantea la posibilidad de emitir sanciones pecuniarias en contra de la persona, natural o jurídica que haga las veces de empleador, medidas de reparación y de apoyo. También la presentación de disculpas públicas de quien cometió la conducta.
Prevé, además, la implementación de programas de prevención de la violencia y el acoso. En el debate participaron asambleístas de varias bancadas quienes expresaron su respaldo a la iniciativa que ofrece una norma que atiende esta problemática social y reconoce que el trabajo, más allá de ser un espacio de productividad, debe ser un entorno seguro, saludable y respetuoso.
Entre las propuestas presentadas, sugirieron incluir un articulado que establezca que el Ministerio de Trabajo lleve un registro de las personas denunciadas por ejercer violencia y acoso laboral, incluir como otra forma de violencia laboral aquella ejercida en redes sociales, establecer como sanción el impedimento para ejercer cargos públicos.
