Ecuador empleó 2 300 millones de dólares en 2023 para subsidiar combustibles, y de esa cifra, 1 300 millones corresponden a diésel, cuyo 70% lo consume el transporte pesado. El gobierno anunció que hasta la primera quincena de enero se va a presentar un plan de focalización, pero los transportistas señalan que aunque han tenido reuniones con los ministros de Transporte y de Defensa, por temas de seguridad en las vías, sobre los subsidios no han sido consultados.
Ellos dicen que tienen una propuesta: aspiran a que la focalización llegue acompañada de compensaciones. “Excepción del IVA en chasis, combustibles y neumáticos. Esos son productos que se gastan (…) dentro de esos también tenemos la situación del arancel”, señaló Abel Gomez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial. También aseveran que alguien debería asumir el pago de ese cincuenta por ciento de descuento en la tarifa que reciben personas de la tercera edad y estudiantes.
Con respecto al transporte pesado, ellos se muestran escépticos y preocupados ante el anuncio gubernamental. Sostienen, desde la experiencia, que los sistemas de compensación para el transporte en el país no funcionan. “Dentro de la estructura de costos, el combustible es el más importante. El impacto del costo del combustible en un camión bordea el 40 %”, explica Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado.
Además, apuntan que la actividad de transporte de carga se ha contraído en un 30% debido a la inseguridad en las vías y que no es el mejor escenario para focalizar el subsidio al diésel sin afectar las tarifas que golpean a la cadena productiva, a los usuarios. El problema radica que Ecuador tampoco está en condiciones de destinar miles de millones en combustibles y el gobierno analiza este tema en silencio.
