UNA COMISIÓN QUE NO PROMETE MUCHO
La flamante Asamblea Nacional ha creado una Comisión Ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio que no debe distraer a la ciudadanía de la verdadera responsable de dar con la verdad: la Justicia. Es improbable que apenas siete legisladores —que no son especialistas en el campo de la investigación policial y que no se dedicarán exclusivamente a ese cometido— logren dar con respuestas contundentes en 90 días, prorrogables hasta seis meses. Sería lamentable que ese desenlace decepcionante sirviera de pretexto para aligerar las exigencias a fiscales y jueces, y dotar al magnicidio de un aura de ‘irresoluble’ que solo convendría a sus autores. Las comisiones legislativas, tal y como sucedió en otros casos recientes —como el del gene- ral Jorge Gabela— o en otros más lejanos — como el de Jaime Hurtado— tienden a abrir, por motivos políticos, líneas de investigación especulativas que distraen a la opinión pública, y enturbian la investigación original. En el caso Villavicencio, hay aún suficientes pistas que la Justicia debe seguir antes de que la política abra la puerta a un show de elucubraciones. ¿Se ha determinado los autores y los motivos del asesinato de los presuntos sicarios detenidos? ¿Se ha colaborado con las autoridades colombianas para investigar quién estuvo detrás de la contratación de los asesinos allí? ¿Se ha determinado dieron soporte logístico y operativo a los autores materiales? No está bien que, tan temprano y tan fácilmente, la Fiscalía y jueces le pasen la pelota a los legisladores y que estos se presten para ello. La verdad importa y la Justicia debe hacer su trabajo.
