Desde junio pasado, la Fiscalía General ha solicitado al juez Luis Rivera que señale fecha y hora para la formulación de cargos del exvicepresidente Jorge Glas, por el manejo de los fondos para la reconstrucción de Manabí. La primera audiencia se trató de instalar el 6 de septiembre, pero se difirió. Hoy ya hay nueva fecha: 29 de noviembre de 2023, a las 08:30, en el mezanine 1, del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Sin embargo, la diligencia podría no darse. La razón es un pedido de Jorge Glas, del 27 de octubre, con el que solicita al juez que pida autorización a la Asamblea Nacional para ser procesado.
“Solicito a su autoridad que previo a convocar a audiencia de formulación de cargos, se requiera a la Asamblea Nacional, una vez posesionada, su pronunciamiento respecto a si autoriza o no el procesamiento penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 numeral 10 de la CRE (Constitución de la República del Ecuador)”. Esta dice que se requiere la votación de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea, para dar paso al enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente de la República. El pedido ahora debe ser analizado y el juez Rivera, quien anuló el caso Singue y sobreseyó a los sospechosos en el caso Dhruv, deberá dar una respuesta. Para la Fiscalía, en cambio, la señalización de la fecha de audiencia ha sido fruto de una constante insistencia.
La formulación de cargos debía darse el 6 de septiembre, pero el abogado Andrés Villegas Pico, defensor técnico de Jorge Glas Espinel, presentó certificados médicos de haber estado enfermo. El caso se basa en una investigación al manejo de los fondos recogidos para la reconstrucción de Manabí, que fue golpeada por un terremoto de 7,8 grados, en abril de 2016. Por este caso también están siendo investigados Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. En 2016, Glas tenía el cargo de presidente del Comité para la Reconstrucción y R e a c t i v a c i ó n Productiva.
La fiscal Diana Salazar ha señalado que hubo irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la vía Manta-Colisa, por 68 millones de dólares. En 2019, la Contraloría emitió un examen especial con indicios de responsabilidad penal por este proceso de contratación. De los 1.600 millones recaudados por el aumento del IVA a por el aporte a los trabajadores, una parte se usó para “contratos que no eran prioritarios en el contexto del terremoto, es decir no eran emergentes ni estaban dirigidos a los damnificados”, indicó la Fiscalía.
