Ecuador sufre de un incremento histórico de homicidios, registrándose de enero a septiembre de este año 5 612 muertes violentas, cuando en el mismo periodo en el 2022 hubo 4 632, según cifras de la Policía Nacional. Esta problemática se refleja en varias áreas, incluyendo a la Función Judicial. De acuerdo al Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), se han producido en lo que va del 2023 24 atentados en contra de operadores de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Uno de los más recientes fue el asesinato de Genaro Reascos, fiscal de Babahoyo que fue acribillado mientras conducía hacia la capital de la provincia de Los Ríos en Jujan, Guayas, el pasado 5 de octubre. Reascos trabajaba en la dependencia de la Fiscalía riosense desde hace un año y medio y llevaba casos de violencia, señalaron colegas.
Otro crimen contra un funcionario del Poder Judicial ocurrió el 23 de septiembre, cuando fue asesinado Atilio Bardellini, técnico de ventanilla e información del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Chone. El 1 de junio, el fiscal Leonardo Palacios fue victimado al salir de una audiencia de la Unidad Judicial de Durán. “En la escena se hallaron más de 40 indicios balísticos. El agente fiscal fue atacado cuando se movilizaba en su vehículo, luego de concluir una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato”, informó la Fiscalía en aquel día. Varias amenazas de bomba y atentados contra edificios El Observatorio de Derechos y Justicia contabilizan seis amenazas de bomba, dos ataques directos contra jueces, y dos atentados consumados contra edificios, además de un asesinato dentro de un complejo judicial.
Aquel crimen fue cometido en la zona de aseguramiento provisional de Santo Domingo el 6 de junio. Sicarios arribaron al sector, amedrentaron a los guardias de vigilancia y mataron a disparos a un hombre que estaba dentro de una celda, quien había sido detenido dos días antes por un caso de secuestro de dos niñas. Asimismo, fueron asesinados dos procesados por el lanzamiento de una granada que explotó dentro de la Unidad Judicial de Portoviejo, el 9 de julio. Los aprehendidos, que fueron encontrados sin vida dentro de la cárcel El Rodeo, fueron acusados del delito de terrorismo al ocasionar una explosión que hirió a tres personas. Ese incidente provocó una de las siete órdenes de teletrabajo que han sido emitidas en lo que va del año en edificios del Consejo de la Judicatura para salvaguardar la seguridad de los operadores de la institución. El primer atentado registrado por el ODJ es del 30 de enero, cuando una jueza y su secretario resultaron gravemente heridos en un ataque armado en el cantón Paján de Manabí.
