La fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunció por infracción electoral muy grave y violencia política de género a Priscila Schettini y Angélica Porras ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En la denuncia, Salazar asegura haber sufrido actos intimidatorios, amenazas y humillaciones que menoscaban sus derechos políticos, impidiéndole ejercer su cargo en las mismas condiciones que sus compañeros hombres.
Además, que esto habría traído consecuencias en su estado de salud, pero también en el de su madre, su hija y una hermana, asegura la defensa de la fiscal en el escrito presentado al TCE. Schettini y Porras son parte de Acción Jurídica Popular, que es la organización que acusa a Salazar de haber plagiado la tesis de grado para obtener el título de abogada que a la postre le permitió ser fiscal. En un primer momento, la causa cayó, por sorteo, en manos del juez Fernando Muñoz.
Sin embargo, el funcionario está fuera del país representando al TCE en un evento, por lo que debía ser subrogado por el suplente, Richard González. El problema es que González también es parte de Acción Jurídica Popular y la Fiscalía le abrió una investigación por el supuesto delito de odio y otra más porque supuestamente difundió información de circulación restringida de un caso contencioso electoral. Por eso, se excusó de conocer el caso contra Schettini y Porras. Por lo tanto, hasta el momento, no se cuenta con un juez que sustancie la causa.
