Parte de EL ESTADO ANTE EL TERRORISMO
En las últimas horas, dos coches bomba detonaron en plena capital de la República; en El Oro, otros dos. Es imposible saber si el objetivo fue generar terror o segar vidas inocentes, pero la pregunta resulta irrelevante ante las consecuencias reales y potenciales de semejantes atrocidades.
El SNAI informó a priori que quienes planificaron las explosiones lo habrían hecho en protesta por la intervención estatal en la cárcel de Latacunga y el traslado de reos desde la cárcel de El Turi hasta la prisión de máxima seguridad, conocida como ‘La Roca’, en Guayas.
Por medio de los traslados estratégicos, el Gobierno y el Consejo de Seguridad buscan desmantelar las redes de comunicación y de ejecución de actos delictivos que empiezan en las cárceles. Estas funcionan como centros de mando delincuenciales gracias a un intrinca- do sistema de comunicaciones que garantiza provisio- nes, armas, sustancias ilegales y más. Eso les permite planificar y ejecutar estrategias a corto y mediano plazo.
Si la estrategia de seguridad ya está trazada, en con- junto con cooperación internacional y el aporte estraté- gico y económico de Estados Unidos y otras naciones, el Gobierno debe mantener el curso y actuar con absoluta transparencia y mano firme.
Sea quien fuere el autor del atentado, este fue a la vez un acto de terrorismo y un campanazo de alerta.
Este momento no demanda reacción, sino respuesta; respuesta del Estado, apoyo de la ciudadanía y lideraz- go empresarial. El monstruo está aquí, entre nosotros y, como no entiende de paz, el Estado debe combatirlo con todas las herramientas constitucionales.
