Son tres los motivos que llevaron al gobierno a expedir el decreto ley de Reestructuración Empresarial, anunciado el pasado 7 de julio. La principal razón es la inminente llegada del Fenómeno de El Niño que dejaría afectaciones estimadas de 3 mil millones de dólares en la economía.
La segunda es que en junio expiró la ley de apoyo humanitario que permitía a empresas en situación de insolvencia llegar a acuerdos con acreedores. La tercera es el número de compañías en proceso de disolución en Ecuador. Ante esos escenarios, lo que busca el decreto es evitar que las empresas quiebren al no tener recursos para pagar deudas.
Esto se realizaría mediante la protección de concurso preventivo o concordato, que es la oportunidad de que las empresas se amparen en este decreto-ley para solicitar reestructurar sus deudas, negociar con sus acreedores y evitar un cierre definitivo.
Protección para empresas deudoras
Las entidades en problemas deberán presentar una solicitud a la Superintendencia de Compañías.
La protección, según el decreto ley, implica que se suspendan temporalmente los juicios en contra de las empresas deudoras, no se inicien nuevos procesos ni coactivas y se detenga el pago de deudas por hasta seis meses. Se aclaró que las empresas no podrán dejar de pagar a sus trabajadores de manera regular.
En el caso de que haya finalizado el plazo para negociaciones sin llegar a acuerdos, los procesos de cobro y juicios se retomarán. Según cifras de la Superintendencia de Compañías, 40 313 empresas, de 189 360 registradas en el país, afrontan procesos de disolución. El decreto ley ya está en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir su aprobación.
