El 20 de agosto los ecuatorianos recibirán una papeleta que contendrá una pregunta si quieren que el petróleo del Yasuní se continúe explotando o no. La decisión de explotar el bloque 43 más conocido como ITT, por los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, se tomó en el 2013 por resolución del gobierno de ese entonces y de la Asamblea afín al ejecutivo.
Pero la operación extractiva inició en 2016, en Tiputini, con una producción inicial de 20 mil barriles por día. En 2018 se incorporó Tambococha y en febrero de ese año el bloque ya producía más de 43 mil barriles diarios.
En febrero del 2022 se incorporó la explotación de Ishpingo, pero el crudo que sale allí no tiene la calidad que los técnicos esperaban. A esta fecha, el bloque produce 55 mil barriles día, es decir, el 12% de la producción total del país.
Para este año está presupuestado recibir 1.200 millones de dólares por la exportación del crudo del petróleo del ITT, y quienes están favor de dejar ese crudo en tierra no han propuesto todavía cómo reemplazar esos ingresos.
Revista Vistazo señala que esos 1.200 millones de dólares alcanzarían para financiar 43 mil viviendas básicas. Según voces estatales: si el petróleo del Yasuní se queda en tierra las pérdidas serían de 16 mil 400 millones de dólares, no solo por el cese de las operaciones, sino también por las inversiones realizadas, los costos de abandonar el bloque, las pérdidas de empleo y las compensaciones que habría que pagar.
El Parque Nacional Yasuní tiene 818 mil hectáreas, la explotación petrolera se desarrolla en 80 de ellas, desde el inicio de la operación generó cuatro mil 200 millones en renta petrolera. La Consulta Popular fue viabilizada por la Corte Constitucional a mediados de mayo, quienes respaldan que no se explote el petróleo del Yasuní, señalan que nunca debió ser extraído, que para continuar la producción se debe invertir demasiado dinero.
