DESMOTIVACIÓN CIUDADANA

Hay pocas razones para ser optimistas sobre el futuro del país, lo único cierto es lo incierto, existe desmotivación ciudadana. Se percibe que la dirigencia política se limita a luchar para sacar provecho del cargo o representación que consigan. Hay crisis de institucionalidad democrática, se ha perdido credibilidad y confianza en entidades y funcionarios públicos. Los movimientos políticos no piensan cómo enfrentar los agudos problemas de todo orden que sufren los ecuatorianos, lo único que les interesa es tener presencia electoral para un eventual reparto de cuotas de poder, participar de la entrega de recursos públicos para promocionarse y figurar. La mayoría de los excesivos candidatos carece de merecimientos y apoyo ciudadano para aspirar a la más alta magistratura del Estado. Esa triste realidad también se observa a nivel seccional. Tal realidad genera desesperanza en quienes se dedican a su trabajo honrado y producen riqueza. No se frena la corrupción vinculada a la delincuencia organizada, que a su vez contribuye a la inseguridad, la administración de justicia está tan penetrada por las mafias que ‘jueces’ de cualquier rincón del país aplican la ley como les da la regalada gana, favorecen la impunidad de delincuentes y crean inseguridad jurídica, sin que se ponga coto a esta situación, salvo el esfuerzo solitario que hace la fiscal general Diana Salazar. Vivimos en recurrentes elecciones en las que la clase política es experta en campañas, seducen a los votantes con una retórica vacía de propuestas y patriotismo, pero repleta de palabras endulzadas para lograr votos. No hay un plan con objetivos nacionales. Hay problemas emergentes que no se resuelven, no se racionaliza el gasto público, no se agilitan los trámites burocrático-administrativos, la seguridad social sigue deteriorándose, las carreteras sin buen mantenimiento, los apagones son una amenaza latente, la salud es un gran negociado, los radares imponen cuantiosas multas sin saber su destino, tampoco se devuelve el IVA a las personas de la tercera edad, como dispone la Ley. Existe desprotección a los ciudadanos.