Christian Murillo Delgado PHD
Ph.D. en Gestión Pública y Gobernabilidad
América Latina atraviesa un momento en el que las urnas reflejan algo más profundo que una disputa entre tendencias: expresan sociedades divididas, preocupadas por la inseguridad, el costo de vida y la falta de oportunidades. Los resultados recientes de Brasil y Estados Unidos muestran electorados exigentes, capaces de respaldar proyectos distintos. La polarización no es únicamente ideológica; también revela demandas concretas de protección, bienestar y mejores condiciones de vida. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido con el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro. La estrecha diferencia expuso a un país dividido y confirmó la persistencia de dos visiones políticas con respaldo ciudadano. En Estados Unidos, las elecciones de medio período del 3 de noviembre de 2026 dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, mientras Donald Trump continúa en la Presidencia. Ambos procesos evidencian que los resultados electorales responden a realidades distintas, pero también a la exigencia de resultados. En este escenario, la derecha ha colocado en el centro de su propuesta el orden, el control territorial y el combate al narcotráfico, las mafias y las estructuras criminales. La demanda de autoridad y seguridad responde a una preocupación legítima: el Estado debe proteger la vida, garantizar la convivencia y recuperar los espacios sometidos al delito. Sin seguridad se debilita la tranquilidad de las familias, se desalienta la inversión y se restringe la actividad productiva. Por ello, la capacidad estatal para enfrentar al crimen constituye una exigencia ciudadana ineludible. Pero la gestión de la derecha en seguridad debe acompañarse de una política social sólida y sostenida. La ciudadanía demanda abastecimiento de medicinas, atención hospitalaria oportuna y un sistema de salud que responda con calidad; también exige fortalecer la seguridad social y recuperar la educación como herramienta de movilidad y desarrollo. Estos ámbitos no pueden quedar relegados frente a la agenda de seguridad: son pilares del bienestar y la estabilidad. El desafío es demostrar que la autoridad del Estado no solo combate al crimen, sino que también garantiza servicios públicos dignos, protección y oportunidades. Por su parte, la izquierda ha contribuido históricamente a incorporar en la agenda pública la reducción de desigualdades, la inclusión y la protección de los sectores vulnerables, impulsando políticas sociales en salud y educación. Sin embargo, ese aporte pierde legitimidad cuando determinados actores o sectores políticos enfrentan señalamientos por presuntos vínculos, acuerdos o tolerancia frente a bandas y estructuras criminales. Tales acusaciones deben investigarse con rigor y probarse ante la justicia; pero la sospecha pública también plantea una exigencia de transparencia. Ningún proyecto político puede defender la justicia social y, al mismo tiempo, relativizar la amenaza del crimen organizado. Ecuador debe observar estas experiencias sin convertirlas en una confrontación ideológica estéril. El país necesita recuperar el control frente a las organizaciones criminales y fortalecer, simultáneamente, la salud, la educación y la protección social. Esta discusión es especialmente relevante para Manabí y Guayas, provincias decisivas para la economía nacional. Sus puertos, carreteras y actividades pesqueras, comerciales, agrícolas y turísticas ofrecen oportunidades, pero enfrentan extorsiones, violencia y brechas de infraestructura. Proteger rutas y zonas productivas debe ir de la mano con conectividad, servicios públicos, educación técnica y empleo. Ante las próximas elecciones seccionales, el debate debe superar las etiquetas partidistas. La ciudadanía tendrá que examinar propuestas, equipos y capacidad de gestión; valorar quién comprende las necesidades de cada cantón y puede convertir los recursos públicos en resultados. Los gobiernos locales requieren planificación, transparencia y coordinación con el Gobierno central para atender tanto la seguridad como las demandas sociales. América Latina no necesita escoger entre orden y desarrollo: necesita instituciones que protejan a la población, servicios que funcionen y oportunidades reales. Un Estado que no protege pierde autoridad; uno que no garantiza salud, educación y progreso pierde legitimidad. La seguridad es la primera obligación de un Estado, pero el bienestar de su gente es la medida de su verdadero desarrollo. Porque un gobierno puede recuperar las calles, pero solo construyendo oportunidades, garantizando derechos y protegiendo la dignidad humana podrá conquistar la confianza de su pueblo.
