La crisis política y financiera de Paraguay sumó un nuevo capítulo el 7 de noviembre de 2026: el juez Humberto Otazú ordenó prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, destituido un día antes por el Senado por el colapso de Ueno Bank y presuntas irregularidades en recursos públicos. La Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio; el juez consideró riesgo de fuga y dispuso su detención en el Regimiento Escolta Presidencial.
El caso gira en torno a Ueno Bank, intervenido por problemas de solvencia. Se investiga si su Gobierno favoreció la colocación de fondos públicos y previsionales en esa entidad. Peña fue accionista de Ueno Holding, participación que habría vendido en marzo de 2025. También se revisan créditos a empresas vinculadas y el caso del IPS, que habría invertido unos USD 355 millones; el banco manejaba cuentas de 32.000 jubilados. El Senado ya lo destituyó por mal desempeño; Alliana asumió la Presidencia. Peña y Carvallo no declararon.
