La Asamblea Nacional fiscalizará la explotación de áridos y pétreos en Quito por denuncias de minería ilegal.
La resolución, aprobada con 83 votos, exige en 10 días información al Municipio de Quito, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), la Autoridad Ambiental Nacional y la Policía Nacional sobre permisos, controles, autorizaciones y seguimiento a las canteras. Impulsada por el asambleísta Xavier Ordóñez, busca esclarecer la actuación institucional, incumplimientos de clausuras y afectaciones ambientales entre 2024 y 2026.
Ordóñez recordó que los recursos naturales no renovables y los yacimientos minerales pertenecen al Estado, y que los municipios regulan, autorizan y controlan áridos y pétreos. Se mencionaron operativos en Calderón, Calacalí y el Chocó Andino, afectaciones a ríos, quebradas, fuentes de agua, suelos y comunidades, y posibles vínculos criminales. La Comisión de Seguridad Integral recopilará y analizará la información y allí elaborará un informe para el Pleno.
