La Asamblea Nacional abrió una fiscalización sobre la administración de Pabel Muñoz por Quitopía, inaugurado el 3 de octubre e inundado al día siguiente. El Pleno aprobó con 83 votos una resolución para pedir información sobre contratación, costo real, estudios técnicos y fallas; una comisión deberá presentar un informe en 30 días. Los asambleístas Luigi García y Andrés Castillo aclararon que el Legislativo no puede destituir al alcalde, pero sí solicitar información, analizarla y remitir posibles responsabilidades a Fiscalía o Contraloría.
Castillo criticó la planificación y ejecución de la obra y las dudas sobre su costo final. En paralelo, el caso VAQNAS recoge testimonios de funcionarios municipales que habrían pagado entre USD 60 y USD 120 mensuales, y USD 460 por una rifa, presuntamente para fines políticos. Castillo pidió investigación penal y vinculó los testimonios con la Empresa de Pasajeros de Quito, que denunció a un exfuncionario por intimidación, concusión y cohecho. La empresa también denunció y pidió que Fiscalía esclarezca los hechos. García anticipó que el tema podría llegar a la Asamblea. Ambos frentes aumentan la presión política sobre Muñoz antes de las elecciones seccionales.
