Estados Unidos revocó visas a 27 funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales y empresarios de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y a algunos familiares.
Alega corrupción, vínculos con el narcotráfico o daño a instituciones democráticas. La medida integra la política migratoria de Trump y la iniciativa Escudo de las Américas. En Ecuador, dos ciudadanos y sus familiares perdieron las visas; sus identidades siguen reservadas. Antes, Washington sancionó a siete exfuncionarios ecuatorianos. Bolivia concentra la mayoría.
Entre los sancionados está el fiscal general Roger Mariaca, acusado por EE. UU. de recibir sobornos para favorecer al narcotráfico. Doce tenían visas vigentes; nueve no podrían obtenerlas. En Colombia afectaron a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, con familiares. En Perú, al juez Juan Carlos Núñez Matos, de Lima. Las revocatorias usan visas como herramienta de política exterior. No es condena penal; impide ingresar o obtener visa.
