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Ante la falta de credibilidad en nuestra justicia, la visa que permite el ingreso a Estados Unidos se ha convertido en una especie de certificado único de buena conducta. Narcogenerales, policías, jueces y otros trabajadores del sector legal y judicial, un expresidente y un exlegislador figuran entre quienes ya no califican o no son elegibles para dicha visa por su “participación en actos significativos de corrupción”, o porque “están siendo investigados por ese motivo”. Resulta vergonzoso que ante la lentitud con que avanzan los procesos judiciales en el país y frente a la impunidad que el marco legal vigente permite y muchas veces incluso alienta, sea el gobierno de otra nación el que de alguna manera sancione a quienes incurran en actos delictivos. En este contexto, es por de más ridículo que un funcionario de altísimo nivel en temas relacionados con la justicia salga a preguntar las razones por las cuales se le ha retirado la visa norteamericana. Si tuviese algo de pudor debería renunciar, pues los diplomáticos estadounidenses han manifestado públicamente que dicho visado “es un privilegio, no un derecho”, que su revocatoria a un ciudadano permite “avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado”, y que continuarán aplicando la revocatoria cada vez que lo consideren necesario, declaraciones que están disponibles en internet. Bastaría con buscar y leer.
