La Asamblea Nacional fiscaliza presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos. El proceso, aprobado por el Pleno el 23 de junio de 2026, está a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos y revisa a 224 alcaldes y 23 prefectos. Surgió tras una investigación periodística que detectó que 79 autoridades registraron aumentos relevantes; por ejemplo, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, pasó de USD 1,44 millones en 2023 a USD 4,31 millones en 2024.
Estos incrementos no constituyen por sí solos un delito; deben contrastarse con ingresos y actividades legales. La resolución se aprobó con 85 votos y fijó 90 días para un informe. Revolución Ciudadana votó en contra y alertó sobre sesgo electoral. Nathaly Farinango (ADN) explicó que se cruza información con SRI, Superintendencias, Contraloría y Fiscalía. Si los datos no cuadran, el caso se remitirá a Fiscalía, respetando el debido proceso. El objetivo es verificar técnicamente las declaraciones patrimoniales clave.
