El Concejo Metropolitano de Quito definirá el 8 de septiembre de 2026 la tarifa del transporte público y el esquema de compensación a transportistas.
La sesión ocurre cinco días después de que la Asamblea aprobó una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, que cambia las reglas para calcular y actualizar pasajes. Quito enfrenta una disyuntiva: aprobar su ordenanza y luego adecuarla a la nueva ley, o detener el trámite hasta conocer la metodología nacional. La ordenanza en debate sube la tarifa convencional y del Metrobús-Q de $0,35 a $0,40 desde enero de 2027, y fija $0,45 para buses eléctricos.
En rutas rurales y combinadas, la base sería $0,40 con incrementos por distancia. Incluye una compensación temporal de hasta $8.000 por unidad, con costo estimado de $23,3 millones, financiados con reasignación presupuestaria de la Epmmop. La reforma mantiene la competencia municipal para fijar tarifas, pero exige metodología técnica y estudios de costos cada cuatro años. Si hay incumplimientos, la ANT informará al CNC, que podría suspender temporalmente la competencia. Se mantienen tarifas diferenciadas para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
El concejal Michael Aulestia votará en contra del incremento y la compensación; pide esperar y armonizar la ordenanza con la nueva ley, cuestionando recursos públicos sin verificar calidad del servicio. Andrés Campaña aclara que la metodología nacional aplicará a futuras actualizaciones, sin aumento inmediato. El especialista Edison Yáñez valora la metodología, pero advierte que el pago por pasajero difiere del modelo por servicio o kilómetro que impulsa Quito; el Municipio debería conservar la capacidad de definir la tarifa según su modelo.
