La hoja de ruta y guía que orientará la fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de 224 alcaldes y 23 prefectos fue revisada por la Comisión de Gobiernos Autónomos. El informe borrador se elaborará hasta el 15 de septiembre. Su presidente, Cristian Benavides, destacó que la planificación organizará las actividades con énfasis en el debido proceso, la rigurosidad técnico jurídica y la transparencia.
Se prevé la comparecencia del contralor general, del SRI, la Superintendencia de Compañías y registradores de la propiedad, para conocer metodologías sobre evolución patrimonial. Luego se solicitarán datos complementarios a esas entidades y a la UAFE, y se cruzarán y constatarán los datos. Una evaluación técnico-jurídica permitirá estructurar expedientes y una matriz de valoración. La agenda es flexible y podrá ajustarse por la Presidencia o los integrantes, a fin de garantizar una investigación técnica, jurídica y documentada que sustente las decisiones.
