34 años y ocho meses: esa fue la pena impuesta en agosto de 2026 a los dos responsables del femicidio de Alison Altamirano, una joven de 23 años asesinada en noviembre de 2025 en Cevallos, Tungurahua. Su caso logró sentencia en menos de un año, pero las estadísticas judiciales muestran que los procesos por muertes violentas de mujeres pueden demorar meses o incluso años. Según el Consejo de la Judicatura (herramienta FemicidiosEC), de las 400 causas por hechos ocurridos en 2026, apenas dos (0,5%) constan como resueltas. Las otras 398 (99,5%) siguen en trámite. Es clave aclarar que una causa resuelta no equivale a una condena por femicidio: la tipificación puede modificarse durante la investigación.
El avance es mayor en años anteriores: en 2025, el 97,64% está resuelto; en 2024, el 92,71%; en 2023, el 90,25%. La justicia puede llegar tarde: en abril de 2026 se ratificó una condena por un femicidio ocurrido en 2020, tras la extradición del procesado desde Perú. Mientras tanto, casos recientes como el de Nathaly Mafla o Lizeth Bunshi continúan en etapa de investigación. Fundación ALDEA registró 78 femicidios entre enero y marzo de 2026: una mujer asesinada cada 22 horas. Siete víctimas eran menores de edad; la más joven tenía 9 años. Además, 52 casos estuvieron relacionados con sistemas criminales. Las cifras evidencian una realidad que supera la estadística: mientras se suman nuevos casos, cientos de familias siguen esperando respuestas y justicia.
