La pobreza en Ecuador encierra una paradoja: aunque bajó del 33% en 2020 al 21,8% en 2025, casi 4 millones de personas siguen sin ingresos suficientes para cubrir alimentos y servicios. La pregunta ya no es cuántos salieron, sino qué se necesita para que millones más lo logren de forma sostenible. Según Máximo Damián Baldera, gerente de Estudios Econométricos, se requiere un esfuerzo fiscal equivalente a cerca del 4% del PIB (unos $4.400 millones) para reducir significativamente la pobreza monetaria. Sin embargo, Ecuador enfrenta un dilema: ¿gastar más o crecer más? La respuesta no es excluyente.
Si la economía no crece por encima del 5% anual, la reducción será muy lenta; las proyecciones actuales apenas superan el 2%. El desafío no es solo transferir dinero. Un bono alivia el consumo inmediato, pero no crea empleo ni ingresos permanentes. La salida exige combinar cinco frentes: proteger con ayudas directas a los hogares en pobreza extrema; impulsar la inversión privada con mejor infraestructura y condiciones para que las empresas lleguen a zonas deprimidas; focalizar recursos donde la pobreza es más profunda (supera el 70% en Morona Santiago y 58% en Napo); convertir el turismo en motor de ingresos con encadenamientos productivos; y medir cada dólar público por el empleo y las oportunidades reales que genera, no solo por el monto ejecutado.En suma, Ecuador necesita que la política social y la económica caminen juntas. La meta es clara: que la ayuda de hoy construya la autonomía de mañana.
