En el foro ‘Ecuador sin Diálisis’, celebrado el jueves 23 de julio en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), expertos en nefrología, salud pública, economía y derecho exhortaron al Estado a impulsar una política nacional de atención renal que, ante la crisis que arrastra el sector, garantice financiamiento oportuno a las clínicas dializadoras, priorice la prevención y la detección temprana, y trascienda los periodos de gobierno. La deuda estatal con estos establecimientos asciende a unos USD 400 millones, según los organizadores, y cerca de 20 000 personas dependen de la diálisis para vivir.
Esteban Ortiz, director del Grupo One Health de la UDLA, señaló deficiencias en las estrategias de prevención y promoción destinadas a diagnosticar de forma temprana las enfermedades renales. Andrea Portilla, jefa de Nefrología del Hospital Metropolitano, subrayó que “la diálisis salva vidas”, pero urgió a fortalecer la atención integral desde las etapas iniciales y no solo cuando se requiere terapia de reemplazo renal. Andrés Peralta, investigador del Instituto de Salud Pública de la PUCE, sostuvo que “la salud necesita un acuerdo nacional que trascienda los gobiernos”. En medio de la crisis, hace dos meses, pacientes de cáncer y diálisis de la Amazonía se manifestaron en Quito para denunciar que el retraso de los pagos para sus tratamientos ya había provocado decenas de muertes en el territorio.
