“Prendan sus generadores”. En Ecuador, esa frase ya no describe solo una emergencia, sino una transformación silenciosa del sistema eléctrico. El Decreto Ejecutivo 32 exige a 171 empresas de alto voltaje autogenerar su demanda antes del 15 de diciembre de 2026. A pocos meses del plazo, el Gobierno activó un seguimiento mensual. La medida alivia al Sistema Nacional Interconectado estos grandes consumidores demandan cerca de 250 MW, el 6 % del total nacional, pero traslada el costo a las empresas. Montar una central hidroeléctrica puede costar entre $1 y $1,5 millones por MW; una fotovoltaica, unos $600.000, con tiempos que superan los 18 meses fijados.
Novacero, por ejemplo, invertirá $180 millones en dos minicentrales. Quienes no alcancen a construir plantas propias recurren a generadores térmicos, con combustibles que encarecen la producción y presionan la economía. La crisis no desaparece: se redistribuye. Los apagones se evitan donde hay dinero para respaldo, pero hogares y pequeñas empresas quedan más expuestos. La autogeneración se convierte en un privilegio que profundiza la desigualdad energética. Mientras tanto, la demanda eléctrica crece (consumo por habitante triplicado en tres décadas), pero la inversión no despega: de 500 MW necesarios solo se adjudicaron 55 MW. Ecuador necesita planificación, transparencia y empresas eléctricas técnicas y despolitizadas. Si la seguridad energética depende de cada empresa, el problema de fondo sigue sin resolverse.
