La Contraloría General del Estado (CGE) detectó una serie de incumplimientos en los contratos efectuados entre consorcios privados y los gobiernos cantonales de algunas ciudades. También se halló fallas en el cobro de multas a través de los fotorradares. En los informes que se tomaron como muestra para la elaboración del reporte, constan las conclusiones de los exámenes a los procesos llevados a cabo, desde 2013 hasta 2022, por los municipios de Cuenca, Esmeraldas, Loja, Santa Elena y Ambato.
Sin embargo, en Santa Elena donde esta competencia está cargo del Consorcio Sevise no se detectaron irregularidades en el sistema de radares y fotomultas. Este consorcio dijo que cuenta con el certificado de calibración y homologación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, entre otros requisitos legales. El análisis arrojó tres principales problemas provocados por la delegación del servicio público a consorcios privados: falencias en la gestión de cobro de multas, inobservancia de los términos contractuales, y la ausencia de estudios técnicos, económicos y legales.
FALENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS Según el informe de la Contraloría, el 18 % de los hallazgos de auditoría dan cuenta de falencias en la cobranza de las multas, lo que originó que los gobiernos autónomos no cuenten con recursos suficientes para programas de educación sobre seguridad vial y otras actividades que favorezcan a la comunidad. Por ejemplo, en Loja no se adjuntaron a las citaciones las fotografías del momento de la infracción, por lo que los conductores no conocieron la velocidad a la que circulaban. Además, se multaron excesos de velocidad fuera de la red vial de competencia del cabildo. Jueces competentes también emitieron sentencias absolutorias que dieron de baja títulos de crédito y dispusieron al gobierno autónomo descentralizado la devolución de 1.6 millones de dólares que se cobraron por multas.
Mientras que en Cuenca se emitieron 14.782 citaciones, que se fundamentaron en un numeral del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que no tenía relación con la infracción que se cometió, lo que invalidó las multas. En cambio, entre 2020 y 2021, los funcionarios del municipio de Esmeraldas no elaboraron, registraron e ingresaron al sistema informes diarios de sanciones que sumaron 174.000 dólares, imposibilitando el cobro de las penalidades a los infractores.
