A las 03:40 del jueves 17 de junio de 2026 sonó mi teléfono. Nadie espera buenas noticias a esa hora. Era un policía: mi hijo y dos amigos habían sido hallados desorientados en un parque cerca de la Plaza de Toros, en Quito. Los trasladaron a una UPC. Mi hijo tiene 21 años. Esa noche salió con dos amigos a La Pradera, zona de bares. Uno es argentino. En Buenos Aires caminaban de madrugada sin miedo; en Quito fue un error. Cuando lo vi, estaba confundido. «No me acuerdo de nada», repetían. Lo último que recuerdan es que unas chicas se unieron a su mesa. Pidieron cerveza de barril en vaso de vidrio, sin garantía. Después, vacío. No saben cómo salieron ni cómo llegaron al parque; los policías los encontraron en un patrullaje. Denunciamos.
Los agentes pidieron certificado médico, pero en el centro no hacen exámenes toxicológicos. Todo quedó en sospecha de escopolamina, sin prueba. Esa ausencia incomoda: las víctimas quedan entre la certeza emocional y la imposibilidad científica. Aun así, denunciar es clave. Fuimos a la Unidad de Flagrancia y presenté la denuncia, pues ninguno conservaba sus pertenencias. La Fiscalía dijo que el testimonio puede activar diligencias.
Esta historia no es aislada. Según la Fiscalía, entre enero y marzo de 2026 se registraron 461 denuncias por robos con escopolamina, frente a 316 en 2025: un incremento del 27,7%. Las víctimas son variadas. El patrón se repite: una conversación, una bebida, y la memoria desaparece. La doctora Andrea Calvache explica que la escopolamina afecta la memoria y la toma de decisiones; la persona puede caminar y hablar sin ser consciente, y su efecto más característico es la amnesia temporal.
