En junio de 2026, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424, que ratifica el conflicto armado interno en Ecuador y deroga normativas anteriores.
Este nuevo decreto introduce un elemento clave: la autorización para recibir cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, estableciendo beneficios como indultos para personal militar y policial ecuatoriano, y la concesión de inmunidad al personal extranjero de países cooperantes. Esta última disposición ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad.
El exdirector de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, advierte que la inmunidad podría vulnerar la soberanía nacional, al impedir que el personal extranjero sea juzgado por delitos cometidos en Ecuador bajo leyes locales. Pazmiño señala que el decreto contradice el espíritu de la consulta popular de noviembre de 2025, que rechazó el establecimiento de bases militares extranjeras, y subraya que corresponde a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional pronunciarse al respecto, especialmente porque el decreto podría interferir con la Función Judicial. Por otro lado, el analista político Francisco Rocha defiende la medida como un paso operativo necesario.
Explica que la inmunidad es un requisito estándar de Estados Unidos en sus acuerdos de cooperación, y que su inclusión en el Decreto 424 viabiliza la asistencia técnica y operativa en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, una batalla que Ecuador no puede librar solo. El decreto se sustenta en el acuerdo de cooperación firmado con EE.UU. en 2023. Fuentes militares confirmaron que las disposiciones ya han sido socializadas con el alto mando de las Fuerzas Armadas.
