Los números de abril de 2026 ya no permiten mirar hacia otro lado. Detrás de la morosidad del sistema cooperativo ecuatoriano emerge una realidad preocupante: el riesgo crediticio cambió de forma y las alertas se multiplican.
Según Ricardo Luna, abogado especializado en finanzas, las cooperativas más grandes del país (Segmento 1) muestran diferencias extremas: la mora oscila entre 1,16% y 16,13%. No es dispersión habitual, sino el reflejo de gestiones opuestas. Mientras Servidores Públicos Educación registra apenas 1,16%, la Cooperativa Policía Nacional alcanza 16,13% —una cifra que desmiente que los ingresos públicos garanticen cartera sana.
Para Luna, una mora superior al 10% exige revisar análisis crediticio, cobranza y alertas tempranas, sin excusas. En microcrédito, el deterioro es aún más visible. Hans Peter Meza, consultor en Business Intelligence, señala que entre 2020 y 2025 la mora saltó de 5,7% a 9,3% (+63%). Causas: recuperación desigual, menor consumo, sobreendeudamiento y crédito usado para sobrevivir, no para crecer. A nivel total, la mora financiera subió del 3,4% (2020) al 4,5% (2025), con inflexión entre 2022 y 2024, tras el fin de los alivios pandémicos.
¿Fenómeno temporal o transformación estructural? Los datos inclinan hacia lo segundo. Además, desde 2018 hay 43 cooperativas en liquidación forzosa (SEPS). Ambato (14), Quito (8), Cuenca (5) y Guayaquil (4) concentran los casos.
